Denuncia penal contra gobierno de CDMX por omisión de seguridad en Reforma
Representantes políticos interponen recurso legal ante la Fiscalía local por presuntas fallas en el operativo preventivo de la capital.
La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia local en contra de los titulares de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, argumentando presuntas omisiones institucionales en el diseño y ejecución del operativo de vigilancia en Paseo de la Reforma.
El recurso legal formalizado por los representantes de la oposición técnica señala que el despliegue de los cuerpos policiales resultó insuficiente para contener la afluencia de los asistentes a la celebración pública. La querella solicita la comparecencia de los mandos policiales responsables de la planeación logística de la jornada.
La controversia legal escaló en el Congreso de la Ciudad de México, donde los diversos grupos parlamentarios iniciaron un debate respecto al presupuesto asignado a la contención de eventos masivos y la efectividad de las medidas de protección civil aplicadas en el espacio público durante las festividades.
El marco jurídico de la Ciudad de México establece que las autoridades de protección civil deben emitir un dictamen técnico de riesgos previo a cualquier concentración de gran escala. Los denunciantes exigen la entrega inmediata de dicho documento para verificar el cumplimiento de los estándares de mitigación.
La contraparte gubernamental afirmó que el despliegue operativo contó con tres mil elementos de la policía preventiva y de tránsito, distribuidos en los principales puntos de convergencia ciudadana. La administración capitalina calificó la acción judicial como una estrategia de posicionamiento mediático ante los acontecimientos.
Los antecedentes parlamentarios muestran que las auditorías de desempeño a los operativos de vialidad y seguridad en contingencias previas han derivado en recomendaciones administrativas menores, sin llegar a la vía de la sanción penal para los altos funcionarios del servicio público local.
La Fiscalía de la Ciudad de México integrará la denuncia al expediente general acumulado por los decesos, con la finalidad de determinar si existieron fallas de carácter administrativo o penal por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad perimetral de la zona.