EU excluye a México de cumbre antiterrorista con 60 países

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezará una reunión ministerial en Washington el próximo 16 de julio con representantes de más de 60 naciones. El objetivo central es abordar lo que la administración del presidente Donald Trump define como el «resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda». La convocatoria se enmarca en la nueva estrategia antiterrorista firmada por Trump en mayo de 2026, que busca adaptar el sistema de contraterrorismo estadounidense a amenazas que, según la Casa Blanca, fueron subestimadas durante años. La reunión tendrá lugar en la capital estadounidense y buscará fortalecer la cooperación internacional en materia de intercambio de inteligencia y aplicación de la ley.

Según documentos revisados por The Washington Post, la nota conceptual enviada a los países invitados deja claro que el principal énfasis estará en los «terroristas de extrema izquierda», a quienes acusa de recurrir cada vez más a la violencia organizada para impulsar sus objetivos políticos. La estrategia pone el foco en grupos que la Casa Blanca describe como «antiestadounidenses, anarquistas o asociados con Antifa». Funcionarios del Departamento de Estado sostienen que la creciente violencia política incluye ataques contra autoridades, infraestructura crítica y fuerzas de seguridad en distintas partes del mundo.

La iniciativa ha generado preocupación incluso dentro del propio gobierno estadounidense. Algunos funcionarios temen que la administración busque utilizar herramientas diseñadas para combatir el terrorismo internacional contra activistas estadounidenses identificados con movimientos de izquierda. En el Departamento de Justicia y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, algunos funcionarios consideran que esta estrategia podría sentar un precedente para que futuros gobiernos empleen los mismos mecanismos contra grupos conservadores. Por esta razón, algunos funcionarios estadounidenses habrían decidido no asistir a la reunión.

Diplomáticos europeos expresaron desconcierto por el contenido de la invitación y temen que Washington intente ampliar la definición de «organización terrorista extranjera» para justificar herramientas de investigación y vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses vinculados a movimientos como Antifa. Antifa es un término general para grupos activistas de extrema izquierda y no constituye una entidad única. La preocupación de aliados europeos radica en el posible uso político del concepto de terrorismo, lo que ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la convocatoria entre varios países del continente.

La ausencia de México en la lista de invitados se produce en un momento de máxima tensión entre Palacio Nacional y la administración estadounidense. La protección brindada por el gobierno mexicano a personajes como el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez ha generado fricciones diplomáticas de alto nivel. Ambos políticos fueron acusados el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, en el marco de una investigación que abarca a diez funcionarios del estado de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se mantiene prácticamente fuera de la vida pública, refugiado en un rancho al norte de Culiacán, según reportes recientes. El periodista Raymundo Riva Palacio ha señalado que el gobierno federal mexicano ha protegido a Rocha Moya y que esta protección alcanza en cascada al resto de los servidores públicos imputados. La estrategia de Palacio Nacional, según el analista, ha sido resistir la presión política hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre, con la expectativa de que el caso pierda fuerza. Sin embargo, la designación de Jay Clayton como director nacional de Inteligencia, quien conoce a fondo los expedientes de narcopolítica desde su tiempo como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, mantiene el cerco sobre los actores involucrados.

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa y presidente de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales en el Senado mexicano, cuenta con ficha roja de Interpol por parte del gobierno estadounidense. El 17 de mayo de 2026, Inzunza Cázarez advirtió que no se entregará a Estados Unidos y que atenderá cualquier requerimiento exclusivamente ante las autoridades mexicanas. El legislador sostuvo que las acusaciones que una corte federal de Nueva York formula en su contra carecen de sustento jurídico y que su motivación es política. El senador se encuentra en Culiacán y ha rechazado versiones de que ya estaría en territorio estadounidense o que fue capturado por la DEA en San Diego.

La investigación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha avanzado gracias a la información proporcionada por exfuncionarios como Gerardo Mérida y Enrique Díaz, quienes se han entregado a las autoridades estadounidenses. La justicia estadounidense busca determinar el destino final de los recursos del Cártel de Sinaloa en las campañas políticas de la entidad. Según trascendidos, los términos aceptables para que los imputados se conviertan en testigos cooperantes incluyen revelar a qué políticos se transfirieron recursos del cartel para sus campañas, incluida la candidatura presidencial del senador Adán Augusto López Hernández.

La reunión ministerial del 16 de julio tendrá lugar en un contexto internacional complejo. Entre los países invitados figuran la mayoría de las naciones europeas, así como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, además de varios países asiáticos como India, Indonesia y Singapur. La cumbre buscará coordinar una respuesta internacional frente a organizaciones que Washington considera violentas. Sin embargo, la ausencia de México en la mesa de trabajo evidencia la profunda grieta que la administración Trump ha abierto en la relación bilateral, utilizando la cooperación en seguridad como herramienta de presión política. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, ha afirmado que el gobierno federal debe informar sobre la situación jurídica de los exfuncionarios acusados que se encuentran en Estados Unidos, aunque señaló que no ha recibido notificación oficial al respecto.